Bogotá: Universidad Externado de Colombia. En el Perú, los principios son: • Democracia Representativa.-. La jurisprudencia constitucional en Colombia ha dicho lo siguiente: La teoría jurídica alemana, partiendo de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional Federal, ha mostrado cómo el concepto de razonabilidad puede ser aplicado satisfactoriamente solo si se concreta en otro más específico, el de proporcionalidad. A participar, en forma individual o asociada, en la vida política, económica, social y cultural de la Nación. Milán: Edizioni di Comunità [ Links ]. Los gobiernos regionales tienen autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia. LXXII de aequitate cerebrina legis II Cod. Reciba las novedades del Acuerdo de Escazú por correo electrónico. (1999). [ Links ], Webber, G. (2010). Constituye el camino definido para la realización plena de su finalidad, cuyo centro es la persona humana, no en abstracto, sino propendiendo por su integración y participación en la sociedad de la cual hace parte. 142ss.). En todo caso, el jurista va más o menos marginado del proceso y se convierte en intérprete de lo hecho y en «operador jurídico». Schipani recuerda que los esquemas jurídicos son esquemas de experiencia, y esta es un elemento racional de la tradición que se explica dentro de un contexto más amplio de búsqueda de verdades-valores, de principios (véase Grosso, 1976, passim; Schipani, 2010, pp. Se hará referencia, a modo de ejemplo, a principios que pueden considerarse fundamentales y relevantes para la disciplina de las obligaciones en la actualidad. Contratti in generale (3ra. La Constitución Política del Perú establece que toda persona tiene derecho a gozar de un ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de su vida. del derecho constitucional, en muchos pasajes hace referencia a las instituciones propias del derecho constitucional . Open navigation menu Este solidarismo está ligado en el ámbito contractual al interés socialmente relevante, socialmente útil y, por ende, meritorio de tutela por parte del ordenamiento jurídico. 12. La persona debe ser el fin del Estado y del derecho, y su dignidad compromete a los poderes públicos, en particular al juez en la interpretación y aplicación de las normas, como indican las siguientes sentencias de la Corte Constitucional de Colombia: cuando el Estado, independientemente de cualquier consideración histórica, cultural, política o social, establece normas sustanciales o procedimentales dirigidas a regular las libertades, derechos o deberes del individuo, sin tener presente el valor superior de la dignidad humana, serán regulaciones lógica y sociológicamente inadecuadas a la índole de la condición personal del ser humano y, por contera, contrarias a la Constitución, en la medida en que se afectarían igualmente los derechos fundamentales, dado que estos constituyen condiciones mínimas para la «vida digna» del ser humano; en efecto, cuando se alude a los derechos fundamentales se hace referencia a aquellos valores que son anejos a la dignidad humana (Demanda de inconstitucionalidad contra el parágrafo del artículo 164 del decreto ley 1344 de 1970, Código Nacional de Tránsito Terrestre, consideración 2.1). Pero también en materia de daños se debe señalar que la atención se desplazó del causante del daño hacia la víctima, y ello está ligado al principio de solidaridad, en especial cuando se afecta un interés de gran valor para la sociedad. La igualdad tiene que ver directamente con una cuestión de interés general y, de allí, su prevalencia. Se reconocen la libertad de información así como el derecho a participar, en forma individual o asociada, en la vida política, económica, social y cultural de la Nación. Los ciudadanos tienen derecho a participar en los asuntos públicos mediante referéndum; iniciativa legislativa; remoción o revocación de autoridades y demanda de rendición de cuentas. (1993). Y cuando hablamos de obligaciones jurídicas, ¿ellas son una expresión de la libertad o son límite de esta? PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES GENERALES. ), Los grandes fallos de la jurisprudencia administrativa colombiana (pp. En el Estado social de Derecho, el principio de solidaridad cumple la función de corregir sistemáticamente algunos de los efectos nocivos que tienen las estructuras sociales y económicas sobre la convivencia política a largo plazo, por ello su indudable relevancia para la disciplina de las obligaciones en ese sentido, afirma lo siguiente la Corte Constitucional: «Por supuesto, la solidaridad, como principio exigible a los particulares, no es un instrumento necesario para garantizar la convivencia política, independientemente del modelo de Estado. Como bien señala la profesora Martha Neme Villarreal, «la buena fe no solo integra el contenido del contrato mediante la adición del contenido contractual, sino que también lo hace mediante la exclusión o modificación de las cláusulas contenidas en el acuerdo, como en el caso de la aplicación de la cláusula rebus sic stantibus o teoría de la imprevisión, la lesión enorme, la anulación de cláusulas abusivas» etcétera (2006, p. 90). Se plantea la cuestión de si la autonomía privada se pueda extender al campo de las obligaciones provenientes del daño. Por ejemplo, en el caso concreto de la proporcionalidad en el pago de la indemnización al asegurado a la luz del artículo 1091 del Código de Comercio (Sentencia del 23 de setiembre de 1993). Coordinan con las municipalidades sin interferir sus funciones y atribuciones. Pero ¿hasta dónde puede llegar la interferencia de los demás? Los Principios latinoamericanos de Derecho de los Contratos: un debate abierto sobre las grandes cuestiones jurídicas de la contratación. Esta idea ha sido reconocida por la jurisprudencia desde el año 1922 (en la conocida Sentencia del 21 de julio de 1922, en la causa de León Villaveces contra el Municipio de Bogotá), y se reconoce aún hoy en cuanto la persona que padece un daño puede verse ofendida en su honra o en su dignidad personal (véase Sentencia del 05 de agosto de 2014). Ahora bien, la dignidad humana, desde el punto de vista de su naturaleza jurídica, se considera una entidad normativa que puede observarse «a partir de su objeto concreto de protección y a partir de su funcionalidad normativa» (Acciones de tutela instauradas por Austreberto de Ávila Ríos y otros, y Edwin Campo Vega (personero de El Arenal (Bolívar)) contra Electrocosta S.A., consideración 10). Proportionality, Balancing, and the Cult of Constitutional Rights Scholarship. Acción de tutela instaurada por Juan de Jesús Jiménez contra FEBOR entidad cooperativa COOP-FEBOR, T-230/94 (Corte Constitucional [Colombia], 13 de mayo de 1994). 23-28). Informe Colombia. (2016). Por ejemplo, nadie pensaría que la autonomía privada tenga que ver con el derecho de daños. En la medida en que se piense que no existen derechos absolutos, sino que el derecho se enfrenta a la posibilidad de ser limitado, la proporcionalidad se hace más relevante. Jurgen Huelsz, en nombre propio, y en representación de su hija, y de la Sociedad Madsen & Huelsz Ltda. La influencia del constitucionalismo es innegable, las decisiones de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) en sala de Casación civil no solo mencionan los artículos de la Constitución, sino que también mencionan decisiones de la Corte Constitucional. Se trata, en palabras de la misma Corte, de «una concepción normativista o funcionalista en el sentido de completar los contenidos» del enunciado «con los propios de la dimensión social de la persona humana» (Acciones de tutela instauradas por Austreberto de Ávila Ríos…, consideración 29). 0025-2005-PI/TC y Exp. y passim). Es el conjunto de estos derechos constitucionales el que confiere a los asociados la potestad de crear, modificar y extinguir relaciones jurídicas desde un punto de vista constitucional y para todo el ordenamiento. Recuperado de https://gadal.uexternado.edu.co/codigo-marco/version-castellana/. El concepto de proporcionalidad sirve como punto de apoyo de la ponderación entre principios constitucionales: cuando dos principios entran en colisión, porque la aplicación de uno implica la reducción del campo de aplicación de otro, corresponde al juez constitucional determinar si esa reducción es proporcionada, a la luz de la importancia del principio afectado. En estrecha relación con esto, se prohíbe todo abuso que de esa situación pueda realizar la contraparte (abuso del derecho, dolo, aprovechamiento) para obtener una ventaja injusta o inicua (enriquecimiento sin causa, o con una causa ilícita basada en la exploitation), generando una notoria desproporción entre las prestaciones (desequilibrio contractual, falta de equivalencia). Autores varios (2012). [ Links ], Carvajal Sánchez, B. 131ss.). Bogotá: Universidad Externado de Colombia. [ Links ], Morales Moreno, A. Recuperado de http://hdl.handle.net/10486/5246. Con relación a este último se ha indicado por esta Corte que con sustento en lo dispuesto por el artículo 16 de la Carta Política, se debe reconocer en cabeza de todas las personas con estatus de fundamental. En el mismo sentido, Carvajal Sánchez habla de un proceso de institucionalización de la dignidad humana y, a su vez, señala cómo «debe recordarse que la dignidad de la persona humana es un concepto de origen extra-jurídico que progresivamente ha sido objeto de varias normas jurídicas hasta llegar a reconocerse como una norma constitucional de principio» (2012, pp. Luego, la autonomía de la voluntad privada se concibe no solo como un simple poder subjetivo de autorregulación de los intereses privados, sino como el medio efectivo para realizar los fines correctores del Estado social, a través del mejoramiento de la dinámica propia del mercado (fundamento 3.5, 15). Cartwright, J. Obligaciones civiles y fuente constitucional. Milán: Giuffrè. Los principios fundamentales del derecho constitucional peruano. European Contract Law (T. Weir, trad.). En materia de garantía constitucional y derecho al libre desarrollo de la personalidad, tómese en cuenta la siguiente sentencia: La Corte Constitucional tomando como punto de partida los principios fundamentales de nuestro Estado Social de Derecho, previstos en el artículo 1° de la Carta, ha abordado y catalogado el derecho a la dignidad humana como de raigambre fundamental en tanto que el texto superior señala que Colombia está fundada en el respeto a esta, por lo que ha reconocido su estatus de manera autónoma. [ Links ], Pizarro, C. (2017). Los ciudadanos tienen, conforme a ley, los derechos de elección, de remoción o revocación de autoridades, de iniciativa legislativa y de referéndum. [ Links ], Morales Hervias, R. (2013). Entonces, se acude a un modelo procedimental para establecer el deber ideal por medio de la idea de optimización. 22. Una última y también breve referencia a instrumentos de armonización europeos. Codificación, descodificación y recodificación. En especial en relación con las obligaciones de contrato, la jurisprudencia y la doctrina le reconocen el carácter de principio en virtud del cual es posible crear nuevos tipos contractuales y realizar pactos de exclusividad que se consideran válidos en principio, pues se proscribe solo el que tiene el efecto real de restringir el acceso de los competidores en el mercado (Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 19 de la Ley 256 de 1996 «por la cual se dictan normas sobre competencia desleal»; véase, además, Autores varios, 2012, pp. 117ss. ed.). Bogotá: Universidad Externado de Colombia. Código Marco de Obligaciones para América Latina, elaborado por el Grupo para la Armonización del Derecho en América Latina (GADAL). Se trata de una equidad quidem est amirabile quoddam temperamentum, la perfecta ratione que omnia moderatur; y, como hemos señalado en otro lugar, una reductio basada en la aequalitas que en omnes contractus servanda para corregir toda extrema iniquidad. El segundo, como libertad positiva, qué o quién es la causa del control o la interferencia que puede establecer que alguien haga o sea una cosa u otra (Berlin, 1993, pp. La característica fundamental del Derecho Constitucional es la supremacía de la misma. Se trata, pues, de la regulación de la sociedad, desde un referente racional, desde un grado o el grado jerárquico denominado Constitución. Falco, G. (2010). Sentencia del 23 de setiembre de 1993, Recurso de Casación, Expediente 3961 (Corte Suprema de Justicia [Colombia], Sala de Casación Civil). En la jurisprudencia constitucional colombiana, el principio de proporcionalidad ha sido tratado ampliamente1, pero, en la jurisprudencia de la casación civil colombiana, no parece que haya un rol asignado con claridad al principio de proporcionalidad. Histórico, sistemático y primordial elemento constitutivo del derecho, el principio general de buena fe irradia todo el sistema jurídico de tradición romanista y ha sido recogido en nuestros códigos y constituciones; ampliamente difundido en la doctrina y la jurisprudencia. Se debe armonizar el valor de la equidad en materia de reparación integral del daño. Con los principios, hablamos de un deber ideal que va más allá de lo mandado definitivamente, de lo realizable en los hechos: libertad, autonomía privada como ejercicio de esa libertad; reconocimiento de la dignidad del ser humano en las relaciones jurídicas obligatorias, por lo mismo de su igualdad; tratamiento equitativo y más productor de igualdad en tales relaciones; solidaridad entre seres humanos que participan de esas relaciones; comportamiento de buena fe, pundonoroso, probo, honesto en todos los ámbitos y en el ejercicio de aquella libertad y de aquella autonomía, ejercicio digno de derechos, proporcionado, en igualdad de condiciones, con equidad en el trato, y solidaridad entre personas. Milán: Giuffrè [ Links ]. Pero podemos referir, junto con Berlin, dos sentidos del concepto: el primero, como libertad negativa, hasta dónde se permite que personas o grupos de personas hagan o estén sin la interferencia de otras personas. Este principio ha sido desarrollado en Alemania y aplicado por los diferentes tribunales constitucionales tanto europeos como latinoamericanos (Insignares-Cera & Molinares-Hassan, 2012). No obstante la regla pacta sunt servanda, vale la pena preguntarse cómo incide la buena fe sobre el contenido de la autonomía privada (véase Castronovo & Mazzamuto, 2007, pp. El Fondo Editorial de la PUCP liberó su colección «Lo esencial del derecho». 0026-2005-PI/TC, fundamento 19). Milán: Giuffrè [ Links ]. Los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional tienen derecho al voto y a la participación ciudadana, regulados por ley. [ Links ], Bernal Pulido, C. (2009). Se tratan de las conclusiones a las que ha llegado la y teoría y práctica de la potestad tributaria durante años. Bogotá: Universidad Externado de Colombia. Esto supone un mandato de reconocimiento de una norma, un mandato de ponderación y un mandato de optimización (Sieckmann, 2006, pp. Ciudad de México: UNAM. (2013). de rescindenda venditione eiusque usu pratico, 62ss.) Es importante saber cuál es la función de las regulae o maximae, pero todavía más importante es el método lógico y la técnica de la ciencia del derecho iurisprudentia (Alpa, 1993, pp. La primera es la justicia entre los desiguales por naturaleza, pero iguales ante la ley (mercancía y precio, daño y reparación); la segunda, en cambio, se refiere a la igualdad proporcional en el tratamiento de una pluralidad de personas (la repartición de derechos y deberes conforme a medida de dignidad, capacidad, necesidad, culpa), es la forma primigenia de justicia (Kaufmann, 1999, p. 297). Sentencia del 06 de julio de 2007, Recurso de Casación, Expediente 11001-3103-037-1998-00058-01 (Corte Suprema de Justicia [Colombia], Sala de Casación Civil). Luego recoge la realidad de los tipos socialmente definidos y les confiere efectos jurídicos. Su importancia es central para el . A partir del derecho al libre desarrollo de la personalidad se desprende la posibilidad de que cada ser humano pueda trazar su proyecto de vida de acuerdo a sus deseos, anhelos, intereses y convicciones, el cual debe ser respetado y no se puede, por ende, coartar su desarrollo como quiera que ha surgido de la esfera privada del ser humano y constituye su identidad como individuo, salvo en las excepciones descritas previamente, habida cuenta que ello asegura unas condiciones de igualdad y de dignidad (Leonardo David Mizzar Vargas c. Policía Metropolitana de Barranquilla, resumen). El mandato de reconocimiento de una norma exige de los juzgadores aceptar una norma como válida. La equidad interviene para de nuevo restablecer el equilibrio de ser posible, buscar lo más productivo de igualdad frente a la nueva circunstancia. en un principio se consideraba que la autonomía privada constituía una emanación de la voluntad general como fuente absoluta e inagotable de todo derecho, erigiéndose, entonces, en un poder ilimitado y omnímodo de autodeterminación normativa (concepción racionalista). Y (iii) la dignidad humana entendida como derecho fundamental autónomo» (Acciones de tutela instauradas por Austreberto de Ávila Ríos y otros, y Edwin Campo Vega (personero de El Arenal (Bolívar)) contra Electrocosta S.A., consideración 10). La función del instrumento contractual supone un contenido económico-social o práctico-social. Normativa Común de Compraventa Europea (CESL). Con este objeto, se han seleccionado algunos principios generales, unos de factura tradicional (buena fe, equidad) y otros con mayor reconocimiento desde la perspectiva constitucional (igualdad, dignidad humana, solidaridad). Sentencia del 09 de diciembre de 2011, Recurso de Casación, 25843-3184-0012005-00140-01 (Corte Suprema de Justicia [Colombia], Sala de Casación Civil). 207-295). Sentencia del 01 de diciembre de 2008, Recurso de Casación, Expediente 41298-3103-001-2002-00015-01 [SC-101-2008] (Corte Suprema de Justicia [Colombia], Sala de Casación Civil). El principio de equidad tiene aplicación legal en relación con la tasación del monto de los perjuicios en cualquier proceso ante la Administración de Justicia, de conformidad con el artículo 16 de la ley 446 de 1998: «Dentro de cualquier proceso que se surta ante la Administración de Justicia, la valoración de daños irrogados a las personas y a las cosas, atenderá los principios de reparación integral y equidad y observará los criterios técnicos actuariales» (véase, por ejemplo, Amparo de Jesús Ramírez Suárez c. Hospital San Vicente de Paul de Lorica y otro; en particular, sobre la vigencia del citado artículo 16, véase las siguientes sentencias: Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 38 numeral 1 del Código de Procedimiento Civil; Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 205 del decreto 1355 de 1970 «Por el cual se dictan normas sobre policía»; Sentencia del 01 de abril de 2003; sobre el punto en la doctrina, véase, por ejemplo, Gamboa Morales, 2003, pp. Recursos. La proporcionalidad es un principio general reconocido como tal no solo en el derecho comunitario europeo (Bernal Pulido, 2009, pp. Resulta ilustrativo que Montesquieu diga que no hay palabra que haya recibido tantos significados diferentes como la de «libertad». En relación con los últimos avances en la armonización del derecho de las obligaciones en Latinoamérica, el GADAL propone el artículo 11 del Código Marco de Obligaciones, con la rúbrica que alude al principio de equidad. Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a una normativa común de compraventa europea /* COM/2011/0635 final - 2011/0284 (COD) */. [ Links ]. Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 228 de la Ley 599 de 2000, «por la cual se expide el Código Penal», C-392/02 (Corte Constitucional [Colombia], 22 de mayo de 2002). 12ss.). Milán: Giuffrè [ Links ]. Por su parte el GADAL hace referencia a la libertad en el artículo 6 del Código Marco de Obligaciones para América Latina con la rúbrica de dignidad de la persona humana y derechos fundamentales. En particular, la dignidad humana «constituye un elemento fundamental para la construcción de un modelo de reparación de los daños a la persona» (Cortés, 2009b, p. 85). Desde ya se anticipa que no es la pretensión aquí realizar un catálogo exhaustivo de los principios generales en todo su alcance y operatividad, o de los principios generales del derecho ello sería una meta inalcanzable, tan solo se pretende enunciar algunos de ellos y la influencia del constitucionalismo en su apreciación o, incluso, preguntarse si principios constitucionales como dignidad humana y solidaridad puedan ser de recibo en la materia de las obligaciones. 14ss.). También las negociaciones previas deben conducirse de acuerdo con la buena fe y no pueden ser rotas en transgresión del principio, so pena de indemnizar los perjuicios causados (DCFR, II. El Fondo Editorial de la PUCP liberó su colección «Lo esencial del derecho».Ahí destaca el libro Derecho procesal constitucional (2018, PUCP), escrito por el exmagistrado del Tribunal Constitucional, César Landa Arroyo.Compartimos este fragmento del texto que explica, de manera ágil y sencilla, los principios incorporados a través de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. De l’esprit des lois. Tiene una condición semántica de «macrovalor», de «macrocategoría» que explica el amplio margen de ambigüedad que mantiene el concepto de libertad. Busca lo que es productor de igualdad, lo que es más equitativo. Acción de tutela instaurada por Danilo Molina con respecto al derecho a la salud, a la libertad de locomoción y a la libertad de residencia, T-487/92 (Corte Constitucional [Colombia], 11 de agosto de 1992). (2017). Principio de reserva de Ley: El principio de reserva de ley establece que los aspectos sustanciales del tributo deben regularse mediante Ley o norma con rango de Ley, pudiendo normarse los aspectos formales del tributo mediante normas infralegales, tales como decretos supremos, resoluciones de superintendencia, normas reglamentarias, entre otros. Tratado de las obligaciones I. Bogotá: Universidad Externado de Colombia. No obstante, resulta difícil indicar en qué medida el principio de solidaridad incida directamente en la autonomía privada de los particulares (véase Bianca, 2000, p. 33). E.S.P.). Los Principios Fundamentales del Derecho Constitucional Peruano,Mijail Mendoza E. No hay etiquetas de esta biblioteca para este título. El control que se efectúa sobre los poderes públicos y sobre los sujetos privados deberá efectuarse con distintos márgenes y grados de intensidad, en aras de evitar la arbitrariedad en el ejercicio del control de constitucionalidad. Este principio tiene un doble significado: (i) en un sentido clásico y genérico, la arbitrariedad aparece como el reverso de la justicia y el derecho; (ii) en un sentido moderno y concreto, la arbitrariedad aparece como lo carente de fundamentación objetiva, lo incongruente y contradictorio con la realidad que ha de servir de base a toda decisión. ¿Quimera o Fénix? Tradizione e misura umana del diritto. ; Hinestrosa, 2015, p. 387). Empero, no sin destacar que esto tiene un valor relativo en virtud de la autonomía e independencia judicial consagrada en el artículo 228 de la Constitución. Estos expresan el contenido normativo definitivo de los principios (Sieckmann, 2006, pp. Bogotá: Universidad Externado de Colombia. En cuanto al principio fundante del respeto por la dignidad humana, en decisiones recientes la Casación civil destaca que este principio trasciende la noción de derecho subjetivo e ilumina toda la estructura normativa del Estado. Los principios constitucionales son aquellos que le dan forma y estructura a la constitución. Es decir, de lo que se trata es de poner en vigencia el principio de colaboración entre las distintas ramas del poder público, lo cual implica que el juez colabore en el desarrollo de la norma dictada por el legislador, al adaptarla al caso concreto (Acción de tutela instaurada por Ana Rosa Serna con respecto a la responsabilidad constitucional de las autoridades municipales por los riegos a la vida y a la integridad personal que causan con ocasión de la realización de obras públicas y a la equidad en la aplicación concreta del derecho). Gracias a esta circunstancia, este derecho opera de tal forma que ofrece la posibilidad de hacer efectivos principios como la dignidad humana, la libertad y la solidaridad, así como de realizar derechos tales como la igualdad, la intimidad, el libre desarrollo de la personalidad, la vivienda digna, el medio ambiente sano, el acceso a la cultura y al conocimiento y la libre competencia económica. Sin embargo, no es el único caso de limitación; en general, el orden público y las buenas costumbres, y los derechos fundamentales son los grandes límites del ejercicio de la voluntad del individuo en uso de su poder de disponer de lo propio de acuerdo con el derecho en la forma de autonomía privada. Los principios no se expresan en forma de meras proposiciones normativas sin otra calificación más, sino que tienen propiedades lógicas específicas de argumentos normativos. Acciones de tutela instauradas por Austreberto de Ávila Ríos y otros, y Edwin Campo Vega (personero de El Arenal (Bolívar)) contra Electrocosta S.A. Bogotá: Universidad Externado de Colombia. 3.1. Ley 497 de 1999, Por la cual se crean los jueces de paz y se reglamenta su organización y funcionamiento, Diario Oficial, 43.499, 11 de febrero de 1999. La tarea del jurista es fundamental no solo en el momento de la formación de las leyes, o en el momento de su interpretación y aplicación, sino también en el diálogo entre ordenamientos y sistemas, el diálogo para mejorar y armonizar el derecho, para identificar los principios generales, sistematizarlos, darles contorno, sentido, eficacia, arraigo social. Bogotá: Universidad Externado de Colombia. Como lo ha sostenido este Colegiado, esto «implica encontrar justificación lógica en los hechos, conductas y circunstancias que motivan todo acto discrecional de los poderes públicos» (Cfr. Los principios latinoamericanos de derecho de los contratos: naturaleza, fines y proyecciones. 213-250). Bogotá: Universidad Externado de Colombia. La norma de armonización propone que la dignidad de la persona humana y la tutela de sus derechos fundamentales, especialmente la libertad, la igualdad y el principio de no discriminación rigen el surgimiento, cumplimiento, interpretación y extinción de las obligaciones. Por medio de ella se logra no solo el fin buscado por las partes con la operación económica, sino también que la relación obligatoria se ajuste a las finalidades sociales que persigue el ordenamiento. El juez está llamado a afinar la aplicación de la norma legal a la situación bajo examen, con el objeto de lograr que el espíritu de la ley, que el propósito del legislador, no se desvirtúe en el momento de la aplicación, por causa de las particularidades propias de cada caso. Morales Hervias, R. (2010). LOS PRINCIPIOS FUNDAMENTALES DEL DERECHO CONSTITUCIONAL PERUANO - View presentation slides online. El principio de equidad irradia a su vez en materia procesal los fallos en equidad y la jurisdicción de los jueces de paz, de acuerdo con el artículo 2 de la ley 497 de 1999: «Las decisiones que profieran los jueces de paz deberán ser en equidad, conforme a los criterios de justicia propios de la comunidad». 6ss.). ), The Future of Contract Law in Latin America: The Principles of Latin American Contract Law (pp. 0006-2003-AI/TC). Latin American Legal Studies, 2, 51-66. Acción de tutela instaurada por Jorge Isaac Escobar en contra de la cooperativa Coopserp, T-222/04 (Corte Constitucional [Colombia], 08 de marzo de 2004). Pero lo cierto es que las exigencias de nuestro tiempo y las características de nuestras sociedades hacen que a la lista tradicional de principios se sumen otros nuevos, de los que se dice que provienen del derecho constitucional o se destaca su marcada influencia en las instituciones del derecho privado debido a la supremacía de la Constitución (Constitución Política de Colombia, artículo 4). Ciudad de México: UNAM. Acción de Tutela instaurada por Shirley Mireya Ospitia Hernández contra La Empresa METROAGUA S.A. De ahí que, cuando se habla de principios generales del derecho, sea inevitable que el intérprete se confronte, en su búsqueda, con toda la tradición del sistema incluso desde los tiempos de su formación (considérese en la fase actual del sistema la perspectiva de la armonización del derecho de principios de los contratos en Momberg, 2018; Momberg & Vogenauer, 2017; tómese en cuenta también el trabajo del Grupo para la Armonización del Derecho en América Latina (GADAL) por un Código Marco de Obligaciones para América Latina). Constitución Política de Colombia (1991).
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